20 Dec 2014 
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 Remate: Antes de que se remate un inmueble, los acreedores hipotecarios deben ser notificados personalmente o en el domicilio señalado; de otra manera el remate es nulo
Respuesta Sentencia constitucional 1109/2005-R Sucre, 12 de septiembre de 2005 El recurrente alega la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la defensa y a la garantía del debido proceso consagrados en los arts. 7 inc. a), 16.II y IV y 35 de la CPE, por cuanto a raíz de la demanda de resarcimiento de daño, dentro del fenecido proceso penal por el delito giro de cheque en descubierto, seguido por Amanda Santa María Ortega contra Lidia Calderón de Mita, ésta otorgó un bien inmueble en calidad de garantía, el que tenía dos gravámenes a favor de su persona; por lo que ante el incumplimiento de Lidia Calderón de Mita se procedió a la ejecución del inmueble cometiéndose los siguientes actos ilegales: a) no obstante su calidad de acreedor hipotecario, se le notificó con los Autos de señalamiento de remate, por cédula en estrados judiciales, publicándose un edicto sui generis que se asemeja más bien a un aviso de remate; b) se dispuso el remate de la totalidad del bien inmueble, siendo que era un bien ganancial y su persona tenía acreencia sobre las dos porciones, notificándosele con ese actuado mediante edictos en la puerta del Juzgado; c) el monto sobre el cual se dispuso el remate, difería del monto del avalúo catastral, el que además fue calculado por el Juez recurrido en forma oficiosa; d) el segundo remate se efectuó simplemente con la publicación del aviso de remate por una sola vez; e) producido el remate y adjudicación del citado inmueble, se determinó levantar los gravámenes existentes y disponer de oficio la entrega del 50% de la venta al Sr. Mita -esposo de la demandada-, siendo que ese monto debió ser retenido ya que el gravamen que su persona tenía constituido afectaba también esa porción, además que no podía efectuarse ningún levantamiento de gravamen puesto que su persona como acreedor no había sido notificado en forma legal; f) el 20 de septiembre de 2004, el Juez recurrido aprobó el remate en virtud a haber oblado la adjudicataria el monto de Bs128.308,80.-, sin embargo la base sobre la cual se efectuó el remate fue de Bs160.886.-; g) al haber tomado conocimiento por terceras personas del remate efectuado, se apersonó ante el Juez recurrido y pidió la nulidad del remate en razón de no haber sido notificado legalmente; empero, dicha nulidad fue rechazada por haber sido supuestamente presentada en forma extemporánea, ante lo cual planteó recurso de apelación que fue resuelto por los vocales recurridos el 7 de enero de 2005, confirmando el fallo de primera instancia fundamentando su decisión en que la citación practicada a través del edicto de remate era suficiente y que su derecho a plantear la nulidad había precluido, sin considerar que los actos realizados por el Juez vulneraban sus derechos como acreedor hipotecario preferente. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.
III.1. Antes de ingresar a la problemática planteada corresponde recordar que la jurisprudencia constitucional de éste Tribunal, respecto a la inexcusable obligación que tiene la autoridad judicial, en la tramitación de todo proceso de remate en el que se constate que el bien mueble o inmueble dado en garantía tiene constituidas otras hipotecas y anotaciones preventivas a favor de terceros, de proceder a la citación personal de los acreedores (hipotecarios o anticresistas) con los autos de señalamiento de remate, ha señalado lo siguiente:
"el art. 1479-I Código Civil CC establece que: "Cuando el objeto de la venta forzosa es un inmueble o mueble sujeto a registro y la subasta se efectúa con citación de los acreedores que tienen constituidas hipotecas o anticresis sobre el bien, éstas se extinguen desde que el adjudicatario consigna el precio de la venta a la orden del juez".
Que, este Tribunal en SC 136/2003-R, 06 de febrero, expresó que la norma de referencia muestra que sólo cuando se cita a los acreedores se extinguen las hipotecas constituidas sobre el bien, y que la citación resulta ser una regla general para que una decisión judicial pueda afectar derechos o intereses de terceros. En ese nuevo razonamiento, se cambia el entendimiento que realizó este Tribunal en la SC 1584/2002-R, de 18 de diciembre, con los argumentos que se detallan seguidamente.
Que, en el marco del art. 1479-I CC y del entendimiento de este Tribunal, expresado en el párrafo anterior, se tiene que en la venta forzosa, la subasta de un inmueble se efectúa con citación de acreedores, que tienen constituidas hipotecas o anticresis sobre el bien, como establecen los arts. 525 inc. 5) y 533 CPC, normas que concuerdan con lo regulado por el art. 137 inc. 7) CPC que establece que la citación a personas extrañas al proceso se hará por cédula en el domicilio señalado o personalmente.
Que, la citación es el "acto por el cual un juez o tribunal ordena la comparecencia de una persona, sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para realizar o presenciar una diligencia que afecte a un proceso" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, Editorial Heliasta,
p. 178).
Que, en la tramitación de todo proceso en el que se va a rematar un bien (mueble o inmueble) dado en garantía, el juzgador debe constatar si dicho bien tiene constituidas otras hipotecas y anotaciones preventivas a favor de terceros, en tal circunstancia es obligación de la autoridad judicial proceder a la citación personal de los acreedores con el auto de señalamiento de remate, a fin de que ese tercero comparezca y en lo que le corresponda, haga valer sus derechos de acreedor hipotecario, porque por regla general, toda persona tiene el derecho a intervenir en los procesos y decisiones en los que se pueda afectar sus derechos legítimos, es decir que nadie puede ser lesionado en sus intereses sin estar debidamente citado". Así lo estableció la SC 463/2003-R, de 9 de abril, reiterada por las SCC 930/2003-R, 1680/2003-R, de 24 de noviembre, entre otras.
En este orden, con relación a la obligación del tercero (acreedor anticresista o hipotecario) ante la falta o ilegal notificación con los autos de señalamiento de remate de suscitar un incidente de nulidad, previo a la interposición del amparo, este Tribunal, señaló que:
"el recurrente tenía la posibilidad de formular, aún en ejecución de sentencia, la nulidad de los remates y de la cancelación de los gravámenes que pesaban sobre el bien subastado, pero, contrariamente a ello, interpuso directamente su demanda de amparo, sin haber agotado la vía de reclamo que tenía expedita ante el mismo Juez del proceso, toda vez que aún en el supuesto de que su pedido de nulidad hubiere sido rechazado, tenía todavía el recurso de apelación previsto en el art,. 518 CPC para que el Tribunal Superior dirima su pretensión, con cuya resolución, de serle desfavorable, recién se abría el ámbito del amparo constitucional, que resulta improcedente por la falta de agotamiento de los medios legales previos que el actor tenía a su alcance" Así la SC 1629/2003-R, de 17 de noviembre.
En el marco de la jurisprudencia glosada, es posible concluir que no existe ningún medio de impugnación contra el Auto de Vista 07/05, de 7 de enero, dictado por los Vocales recurridos que conocieron en apelación el incidente de nulidad de los remates planteado por el actor. En este contexto, se ingresa a considerar los extremos denunciados en el recurso.
III.2. En ese orden, con relación a que al recurrente, no obstante su calidad de acreedor hipotecario, no se le notificó con los Autos de señalamiento de remate, en forma legal sino por cédula en estrados judiciales, publicándose un edicto sui generis que se asemeja más bien a un aviso de remate, se tiene que, en principio, corresponde señalar que el trámite en el que se remató el bien inmueble dado en garantía, en el que el recurrente tenía constituidas dos acreencias, fue como emergencia de la interposición de una demanda por reparación del daño civil, a raíz del fenecido proceso penal por el delito de giro de cheque en descubierto sustanciado a querella de Amanda Sonia Santa María Arancibia de Ortega contra Lidia Calderón de Mita, en el que se llegó a un acuerdo conciliatorio que fue homologado conforme a los arts. 386 y 387 del CPP, ofreciendo en calidad de garantía el inmueble de su propiedad ubicado en calle Vallegrande Nº 201, por lo que cumplidas las medidas previas al remate (art. 536 del CPC) se señalaron audiencias de remate.
Al respecto, se advierte que desde el primer Auto de señalamiento de remate de "20 de enero de 2003", el Juez recurrido dispuso se cite mediante cédula a varias personas e instituciones, entre ellas, al recurrente (fs. 20 vta.); así se tiene que por Auto de 8 de julio de 2004, se señaló nueva audiencia de remate del inmueble citado, notificándose a Jorge Alfonso Toro Zárate -ahora recurrente- con dicho Auto mediante cédula fijada en estrados judiciales el 9 de julio de 2004, (fs. 1), posteriormente, por Auto de 4 de agosto de 2004, nuevamente se señaló día y hora para el remate del mencionado inmueble, procediéndose nuevamente a la citación del recurrente, la misma fecha, por cédula fijada en estrados judiciales; finalmente, por Auto de 30 de agosto de 2004, nuevamente se señaló día y hora para el remate del mencionado inmueble, citándose el 3 de septiembre de 2004 al recurrente con el citado Auto de 30 de agosto de 2004, por cédula fijada en estrados judiciales.
De lo expuesto se concluye que, la tramitación del proceso en el que se remató el bien inmueble ubicado en calle Vallegrande Nº 201, que fue adjudicado en base al acta de remate de 13 de septiembre de 2004 (fs. 41), en el que el Juez recurrido dictó el Auto de 20 de septiembre de 2004 aprobando el remate efectuado, disponiendo se retenga el 50% del valor obtenido en la subasta a favor del copropietario del inmueble, así como la cancelación de todas las medidas precautorias que pesaban sobre el inmueble subastado (fs. 42); en virtud a lo cual, el 4 de octubre de 2004 se suscribió la transferencia de propiedad inmueble por la vía judicial; que estuvo viciada de nulidad, por cuanto, no obstante constatarse que dicho bien inmueble tenía constituidas otras hipotecas, entre ellas dos acreencias hipotecarias a favor del actor, conforme lo reconocieron los autos de señalamiento de remate de 20 de enero, de 8 de julio, 4 de agosto y 30 de agosto de 2004; no se notificó conforme a Ley al actor con los indicados Autos, evidenciándose por el contrario, que dichas diligencias fueron practicadas mediante cédula fijada en estrados judiciales, cuando lo que correspondía era efectuar la citación en el domicilio señalado o en forma personal, conforme lo previsto en el art. 137 inc. 7) del CPC, a fin de que el recurrente como tercero interesado en el proceso de remate, comparezca y, en lo que le corresponda, haga valer sus derechos de acreedor hipotecario, por cuanto tenía constituidas hipotecas en su favor.
En este orden, el rechazo del incidente de nulidad presentado por el recurrente, denunciando esos actos lesivos, mediante Auto de 20 de octubre de 2004, así como por el Auto de Vista 07/05, de 7 de enero, que declaró improcedente el mismo en apelación, ambos con el argumento de que la subasta del inmueble se habría sujetado a las normas previstas por Ley, notificándose por cédula y edictos al recurrente con el aviso de remate, siendo la misma válida -a decir de las autoridades recurridas- al desconocerse su domicilio, además de que la nulidad de la subasta se había presentado extemporáneamente, carecen de sustento jurídico, toda vez que los avisos correspondiente de remate, no pueden constituir y suplir una diligencia de citación la que debió ser efectuada en el domicilio procesal o en forma personal, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente; máxime si la afirmación de los recurridos del desconocimiento del domicilio, no se encuentra acreditada por ninguna actuación procesal, conforme lo estipula el art. 124.III del CPC.
Por otra parte, la extemporaneidad a la que se refieren los recurridos en ambos Autos, para rechazar el incidente de nulidad de la subasta propiamente dicha, así como de la citación con los Autos de señalamiento de remate, planteado por el actor, se sustenta sólo en la norma prevista por el art. 44.II de la LAPCAF modificatorio del art. 544 del CPC, que señala que "La nulidad deberá plantearse dentro de tercero día de realizada la subasta y se la tramitará como incidente"; justificando así el rechazo del incidente de nulidad de la subasta, pero no respecto al rechazo del incidente de nulidad de citación con los Autos de señalamiento de remate; que conforme lo estipula el art. 149 del CPC, aplicable al caso, no tiene plazo de interposición; situación, que ciertamente lesionó los derechos del actor a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la defensa y a la garantía del debido proceso, al no haberse dispuesto la nulidad de dichas notificaciones, pese a que no se diligenciaron conforme a Ley, lo que le negó su derecho legítimo a intervenir en el proceso de remate.


Detalles del Articulo
Código del Articulo: 5852
Fecha de Creación: 03 Apr 2009 9:28 PM

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